¿Usuarios Vencidos o Amiguetes Ayudados?

La Directora Ejecutiva del ANMAC y miembro del consejo directivo de IPPSEJU (junto a Molle, exdirector del RENAR al que afanaron más de 200 armas de una dependencia del organismo) que genera contenido filo desarmista, Natasa Loizou, firmó la resolución 174/2022 del 4 de noviembre para ver si zafaba del desastre en el que se convirtió el Registro de Armas desde que se rebautizó ANMAC.

En un país en donde su economía zozobra anualmente la cantidad de LLUU que deben pagar un trámite engorroso y 80% inútil siempre va a fluctuar. Eso es un hecho. Si a este problema económico se le suman las trabas oportunistas de la agenda desarmista que militan los directivos y funcionarios empeñados en destruir el sistema republicano, el porcentaje de LLUU que quedarán en la irregularidad va ir creciendo no por culpa de los ciudadanos sino por el oficio incansable del Estado.

Sin tener en cuenta a personajes nefastos como Gambaro, etc, desde hace décadas, la renovación de CLUs ha tenido sus altibajos, más bajos que altos, y la cantidad de usuarios legítimos que han sido expulsados del sistema por el mismo Estado es aberrante. Soldados a la caja del ente registral, los funcionarios siguen haciendo lo mismo de siempre: acusar a los LLUU que tienen vencido su credencial sin preguntarse cuál es la razón por la cual no han renovado, qué es lo que se puede hacer para cumplir con lo que ellos mismos imponen y, sobre todo, pensar por qué las calles no son los ríos de sangre que ellos mismos advierten al momento de que más del 60% de los usuarios están con sus credenciales vencidas desde hace años.

Como desde el 2004 oficialmente la culpa la tiene el otro, en especial el privado, los grupos de whassap de Legítimos Usuarios se llenaron de mensajes de pánico frente a la nueva patoteada que es la resolución 174/2022 firmada por la directora investigada por ñoqui en el RENAR durante la gestión de Molle. En esa vorágine de enojo y pánico por descubrir o recordar la amenaza latente y visible de que el Estado argentino tenga la atribución de manotear la propiedad privada, se perdió lo que dice dicha resolución. El contenido está más cercana de blindar a la directora para que no sea responsable de una paupérrima gestión en la cual el BANMAC, por ejemplo, no tiene registro cierto de la cantidad, número ni clase de armas que custodia (según fue puesto en evidencia en el Congreso durante el tratamiento ultimo del PEVAF) o que no ha hecho nada por cumplir con su deber de registrar a los tenedores legales de armas de la Argentina.

Asimismo, en un segundo plano, la resolución deja entrever que habrá una limpieza de usuarios vencidos "y no poseen armas registradas a su nombre en su legajo o figurando registradas aún a su nombre las mismas no se encuentren en su poder en virtud a haber sido decomisadas, extraviadas, robadas o hurtadas."

Si, yo también pensé lo mismo pero lo dejo a tu criterio, diría alguien por ahí. Más turbio que el financiamiento de las ONGs desarmistas que les bajan línea.

La resolución 174/2022 no agrega nada nuevo al vencimiento de la condición de legitimo usuario salvo por dos cosas: pone un límite de tiempo de 90 días para aquellos LLUU con su credencial vencida que tengan material controlado en posesión para regularizarse y que pasado ese tiempo van a tener en su legajo el rótulo de "USUARIO/A VENCIDO/A. PUEDE RENOVAR. INHABILITACION PREVENTIVA en los términos de los arts. 64 y 141 del Anexo I al Decreto 395/75, hasta tanto regularice su situación registral. Puede hacer uso de las opciones del artículo 69 del Anexo I al Decreto 395/75 en relación al material de su registro".

Como se dijo: nada nuevo. Un usuario con la CLU vencida no puede comprar armas ni munición legalmente y está obligado a realizar su reinscripción o pierde sus armas.

Como pasaba hasta ahora.

Si se supiera del tema, los funcionarios no pasarían tanta vergüenza.

Básicamente la resolución es otra humareda tribunera y, como casi toda ley o resolución argenta de los últimos tiempos, está hecha a la medida de algo o alguien. Por lo que se ve, se van a eliminar legajos de personas a las que les robaron las armas, extraviaron, decomisaron o se las hurtaron. Esas personas, para el Estado, para cualquier investigación judicial posterior, jamás habrán tenido un arma a cargo, ni habrán sido LLUU. Una suerte bárbara porque a los Legitimos usuarios, que por razones económicas no hayan podido ponerse al dia y tengan un arma de fuego, nada. Cero ayuda, cero amnistía, cero resolución. Se ve que al Estado no le interesa ayudar a los ciudadanos desempleados y sin trabajo, en plena crisis económica, que desean evidenciar que permanecen dentro de la ley y no son un problema para nadie. ¿Un desempleado, con un arma de fuego y sin prontuario, pasa automáticamente a ser un delincuente según el Estado?

Que el Estado empuje a la ilegalidad a miles de ciudadanos es algo aberrante. Que el mismo Estado los castigue por ello es atroz.

La resolución 174/2022 del ANMAC criminaliza el desempleo, deja en claro que al Estado no le interesa que más de 60% de los LLUU puedan regularizarse y facilita convenientemente la destrucción de legajos de personas a las que sus armas les hayan sido "decomisadas, extraviadas, robadas o hurtadas" y no quieran renovar su CLU.

Lo único bueno de toda esta payasada es que las políticas desarmistas les están causando problemas a quienes las imponen y, como se demuestra, no quieren quedar pegados a su inoperancia militante durante su gestión. De tanto barrer la mugre bajo la alfombra, el montoncito ya se nota mucho y no se puede tapar el tufillo a podredumbre.

http://www.aicacyp.ar/blog/usuarios-vencidos/