La utopía de Macri: desarmar a la sociedad... La estupidez de Macri: no desarmar a los delincuentes

La inseguridad es cosa seria como para dejarlo en manos de políticos, de funcionarios que nada saben del tema y de los voluntarismos amañados a prejuiciosos personajes contratados por los gobiernos para hacerle la vida más difícil al hombre común, al honesto y al trabajador y por ende, más fácil a quienes viven de todos nosotros y al delincuente que todos los días "carga la fusca" y sale "a trabajar" asaltando y matando gente en la calle, en las casas, en los comercios, las empresas o en algún parque.

El gobierno parece empeñado en "desarmar a la sociedad", una entelequia puramente populista, incentivada por dudosas encuestas que dicen tener, pero claramente contrastante con la realidad que vivimos. La visión holística de la sociedad que aparenta tener el gobierno de "Cambiemos", le hace perder la puntualidad de lo importante y lo induce a errores garrafales de los cuales, en estos dos años de gobierno, Macri ha dado sobradas muestras de reincidencia, toda vez que debió retroceder el carro de las decisiones, en todos los casos por yerros de sus CEOs estrellas (y algunos estrellados).

La Ley 27192, creadora de la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados ? ex RENAR) en su Art 4, dice : Objetivos. Serán objetivos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados; y en el Punto 2.- "El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, contemplando la realización de campañas de comunicación pública".

El enunciado suena ciertamente atractivo. Cualquier desprevenido podría inferir rápidamente que estamos en el umbral de lograr solución al problema de la inseguridad. Pero no, es falso. Tanto el enunciado, como la propuesta y mucho más su instrumentación, es una falacia absolutamente comprobable. Es tan imperfecta la medida y el razonamiento del cual parte, que resulta ser un molde de los discursos populistas del kirchnerismo, cuando nos regaban de esperanzas con el combate al narcotráfico, mientras en la SEDRONAR estaban los mayores traficantes y las fronteras eran coladores de efedrina, "merca" y drogas sintéticas o cuando nos hablaban de la panacea encarnada en la obra pública y se robaban las rutas, las casas y dejaban en ruinas la infraestructura del país.

Básicamente el enunciado es falso porque "El desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil... " tendría que constar, precisamente, establecido en una ley específica y que no colisione con el derecho constitucional de todo ciudadano de armarse, bajo los regímenes legales que rigen en el país y de hecho son muchos y muy exigentes, a la hora de facilitarle a un ciudadano la categoría para ser un sujeto apto en el uso y tenencia de un arma o a un comerciante del ramo para ejercer su actividad como Dios manda.

Si las "políticas" tenientes a lograr ese objetivo es atacar a los legítimos Usuarios (LU), a los comercios legalmente constituidos, a los importadores dentro del marco de la ley y a una disciplina deportiva olímpica reconocida y establecida mundialmente desde tiempos inmemoriables, realmente es muy pobre el razonamiento que instruye la medida y por ende paupérrimos en criterio quienes la fomentan y aplican.

Este espíritu va más o menos en la misma dirección que tiene la desatinada iniciativa de "identificar" a todo motociclista con un chaleco y la patente de la moto en la espalda o la "genialidad" que se le acaba de ocurrir a un ignoto concejal de Chilecito (La Rioja) de apellido Daniel Flores (PJ), quien propuso como medida para combatir la inseguridad reglamentar la prohibición después de las 12 de la noche, del uso de gorras y capuchas en los jóvenes y a quien lo haga, aplicarles una multa y/o detenerlo.

El artículo 4º de la Ley 27.192 nada dice, por ejemplo, de combatir el circulante de armas ilegales, sencillamente porque el gobierno no tiene ni idea de cuál es el volumen, la calidad y el tipo de armas que circulan en el país, proveniente de otro gran negocio asociado al narcolavado: el tráfico de armas.

En este sentido, la Ley fomulada por Mauricio Macri, prefiere perseguir a los que tiene bien identificado en listas de inmediato acceso, controlados y visibles, para plantar un mensaje demagógico hacia la sociedad, de que se está combatiendo la proliferación de armas, cuando en realidad se persiguen presas fáciles en un coto de caza, en lo cual se constituyen los Legítimos Usuarios para los funcionarios de la ANMAC (ex RENAR).

La norma cree (en realidad, quien cree son quienes la elaboraron) que con esta "políticas", "? se pueden prevenir los efectos de la violencia armada?", esto ya no es una falacia argumental sino una aberrante falta de concepto práctico y teórico de lo que implica la "violencia" o el términos más específico: la "violencia armada", algo más insustancial y confuso por lo indeterminado y global del términos, si repasamos nuestra vida social y política de los últimos 30 años, veremos que la "violencia armada" está presente en cada acto humano y no es necesaria un arma de fuego para acometer contra la vida y/o los bienes de una persona.

Y voy a citar un extenso artículo titulado "Efecto Mairposa" realizado por Héctor Abbas, Colaborador del portal FullAventura, especialista en estudio e instrucción y entrenamiento en disciplina de tiro, quien al respecto señaló: Existe una torpeza absurda, al no tener en cuenta principios jurídicos tan básicos como los siguientes: No se puede reducir lo que ya está legalmente declarado, controlado, autorizado, y registrado por los LU por ante el Estado. Entiendo que esta reducción de circulantes de armas no puede hacerse sino a través de una Ley específica para esto, fundada en argumentos sustentables en los que se demuestre que los LU registrados de acuerdo a lo que la Ley nos impone, no vamos a ser los chivos expiatorios de quien o quienes sufren de una hoplofobia (aversión a las armas), o que utilicen este medio para ejecutar acciones inexplicables o perversas.

El autor ataca varios flancos de estas medidas, a las cuales pone en duda su legalidad y aplicabilidad por varias razones. Presume que el cumplimiento del Programa de Restricción de las Armas de Fuego del gobierno es, en la práctica, inaplicable y altamente cuestionable, aún desde lo jurídico, pues la ANMAC no está facultada para legislar y de si lo hiciera el Congreso, tendrían que prohibir algo que está permitido, ciertamente muy complejo de llevar a cabo, más aún teniendo en cuenta las difusas fronteras que tienen estos artículos redactados en un escritorio y lejos del conocimiento empírico, sólo con el asesoramiento de los interesados en el impacto político y sin la evaluación seria de sus consecuencias.

Previendo, como parece, que se vendría un "Proyecto de Ley de Desarme para todos los LU", Abbas hace algunas consideraciones interesantes, del impacto que tendría todo esto en el orden nacional, tanto en el ámbito social como judicial, cómo impactaría desde lo económico y hasta cómo le pegaría negativamente al gobierno o a quienes pudieran convalidar esta absurda medida, teniendo en cuenta el universo importante de votantes que son legítimos usuarios en el país y no se sienten delincuentes, como intenta hacerlo parecer el gobierno.

"Si el actual Gobierno de la Nación, compuesto por una Coalición entre varios Partidos Políticos, a la que dieron en llamar "Cambiemos" ? escribe Abbas ? quieren proponer el desarme en la Argentina, tiene que ser más honesto y decirlo, ya que si se controla como debería ser el Padrón de LUA Registrados, podríamos sumar más de 1.000.000. Muchos de estos LU votamos a este Gobierno. Digo esto por si les interesan los votos de casi algo más de 2.000.000 de personas. Recordemos que según el ANMaC ex RENAR, dicen tener registradas algo así como 1.500.000 armas. Modestamente creo que se les cayeron los números porque no los tienen bien contados ni claros, ni a los de los LU, ni los de las armas.

Luego aborda otro aspecto muy interesante de su instrumentación, alejada del conocimiento público, pero también de los "cerebros" que planifican estas medidas en el gobierno nacional. Dice el autor Héctor Abbas"... si esta Coalición Cambiemos, se aviene a seguir estos pasos, y propone una Ley del Desarme en la Argentina, deberán pensar en que la Ley les dará el derecho a hacerlo, pero también en contrapartida le adjudicará la obligación de resarcir a los damnificados con un costo económico que conllevara la recompra de las armas a legítimos usuarios, ya que por más que tenemos Tenencias y el renovación cada 5 años, no se nos puede negar el Derecho a la Propiedad, costo que deberá ser indemnizado como corresponde, más otros costos como ser daños, perjuicios y otros, más la recompra de todos nuestros accesorios declarados, más sus complementos, que no podremos usar más por no tener más las armas. El derecho y propiedad de nuestros Clubes y Asociaciones, Cotos de Caza legalmente registrados, Coleccionistas etc. etc. sin contar con las armerías, importadores, fábricas y exportadores, mecánicos armeros registrados, organizadores cinegéticos, etc. etc. Me permito recordarles lo que dijo un ex Presidente, "si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie", y hoy todavía seguimos pagando por los errores cometidos por aquellos Funcionarios.

Finalmente el artículo expresa la confusión que tiene el gobierno cuando aplica vocablos como Reducir, Restringir y Prohibir pensando que todos expresan lo mismo y equivocan el universo de aplicación: estos conceptos debieran ejercerse fácticamente sobre el mercado ilegal de armas y sobre los delincuentes que las comercializan, usan y hasta las rentan. Y de eso, precisamente, éste gobierno como el anterior, no hablan.

Basta ver en los procedimientos policiales y de narcotráfico realizado por las fuerzas de seguridad, el tipo y la calidad de algunas armas secuestradas. Quien conoce de armas, sabe que todas están fuera del nomenclador nacional de armas permitidas/registrables por ley en Argentina. Lucen fusiles automáticos de asaltos de alto calibre (AK 47, Steyr, AR 15), pistolas ametralladoras (Uzzi, MP5) y hasta se han secuestrado rifles de alto poder (Garret calibre 50 ? anti-material), armas portátiles de alto poder destructivo como el LAW-72 o el Intalaza, tubos que disparan granadas para destrucción de vehículos pesados y con los cuales han atacado a camiones blindados de bancos o los han baleado con munición perforante disparadas por Fal (Fusil Automático Liviano) sacado de los mismos cuarteles y/ o depósito de armas del Estado.

Es decir, que el gobierno en vez estar preocupado y ocupado en perseguir a las armas ilegales, ninguna de las cuales está en poder de un legítimo Usuario, pretende destruir la tenencia legal y se dedica a dinamitar el sector comercial/industrial que mueve millones de pesos por mes, da trabajo a miles de personas y genera un círculo de inversiones y consumo muy importante, especialmente para la industria nacional.

El propio Estado nacional,(represetnado en el gobierno con el poder de policía), legisla para combatir la legalidad de los LU y hace la vista gorda a su propia mafia, la cual comercia munición y armas de los estibajes de incautación en comisarías, depósitos judiciales y hasta del propio ex Renar o saca armas y explosivos de los cuarteles, mediante aceitados mecanismos de corrupción que provienen de la vieja dictadura, donde los generales "desarmaban a la sociedad" para armar sus propios negocios delictivos desde el poder.

Por todo esto que decimos, creo personalmente que el propósito de Macri de "desarmar a la sociedad" es una utopía y la de no ir contra los delincuentes una estupidez y un gravísimo error, el cual, como dijo el amigo Abbas, podría pagarlo en las urnas, tras las consecuencias del "efecto Mariposa".

Mauricio Macri, como antes Cristina Fernández y antes Néstor Kirchner, no supieron o no pudieron combatir la inseguridad; por el contrario, la aumentaron a límites exponenciales, debido a la enorme corrupción estatal y la complicidad de los sectores del poder con el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Pero siempre el discurso político fue adverso a la verdad. Todos recordamos a Daniel Scioli "destruyendo" armas, mientras su policía vivía del narcolavado que aportaba a su campaña y la droga corría como agua en provincia de Buenos Aires.

Paralelamente al aumento de la inseguridad, se dio la inutilidad de los sucesivos gobiernos para combatirla, tal vez por ineficiencia o bien por complicidad, como lo detallamos anteriormente. Es decir, que el Estado incumplió todos estos años con la manda constitucional de proveer a la seguridad interna. Ahora bien, si el Estado no puede proteger a la familia, es inaudito pensar que me puede prohibir hacerlo personalmente. Sin embargo, sacando el hecho de lo deportivo, el comercio y las cuestiones económicas y políticas, las cuales rodean a este asunto, hay una clara cuestión de supervivencia y seguridad personal en la cual el gobierno no se puede meter: mi propiedad, mi vida y la de mi familia. Por lo tanto, si desde el gobierno alientan, promueven y llevan a cabo un desarme social forzado, lo único que logrará es que más armas pasen a la clandestinidad. Es un hecho que quien no confía en el Estado como protector de sus intereses y su familia, se arme (para bien o para mal) y en ese caso, entonces, sería el mismo gobierno quien impulsaría a hacerlo por fuera de la ley, algo no solo contradictorio y estúpido, sino absurdo por donde se lo mire.

Publicada por la Agencia OPI Santa Cruz, el día 5 de marzo de 2018