CERRAR

Armas

La máxima estupidez de Juntos por el Cambio y los Radicales

Una diputada nacional quiere desarmar a la policía y las Fuerzas Armadas

Autor: Lasagno Rubén

Fecha publicación: 13/06/2022

El tema de las armas, indudablemente, es una materia que preocupa a muchos y desespera a otros, pero en ningún caso, ya sea porque hacen demagogia defendiendo la portación sin ninguna explicación previa, hasta los que quieren suprimirla de las manos civiles, saben absolutamente nada del tema; son supinos ignorantes en la materia y están direccionados a explotar una veta de "presuntos" votantes que coinciden con ideas desarmistas o suponen que plantearlo así, es simpático y adherente a los lineamientos progresistas y sin duda, asocian todo este discurso vacuo, al aumento de la simpatía social que se va a reflejar en las elecciones 2023.

Pero en ninguno de los casos analizados en nuestro espacio, surge el conocimiento amplio y estricto sobre el tema, por parte de sus autores. En el caso que vamos a presentar hoy, por parte de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Ana Carla Carrizo, no solo abunda la falta de conocimiento, sino una peligrosa tendencia a pensar que el sistema político argentino en vez de combatir la inseguridad, protege a la delincuencia, está asociada a la narcocriminalidad y no le importa absolutamente nada la seguridad del pueblo.

Bajo el título "MODIFICACIÓN LEY 25.188 DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – INCOMPATIBILIDAD DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON LA PORTACIÓN DE ARMAS DE GUERRA Y ARMAS DE USO CIVIL ", la legisladora del JxC, Expediente Diputados: 1001-D-2022 – Trámite Parlamentario N° 19 del 18/03/2022 (Ley 1.001/22) Ana Carla Carrizo fue acompañada por los cofirmantes: Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Albor Cantard, Soledad Carrizo, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Gabriela Lena, Adriana Cáceres, Federico Zamarbide, Lidia Ascarate, Estela Regidor, Lorena Matzen.

Lo más destacado y grave del proyecto se expone en la segunda parte del mismo.

En la Sección II: Portación de armas de guerra y armas de uso civil. La propinante propone reformar el Artículo 17 bis de la ley señalada para establecerlo de la siguiente manera: "Es incompatible con el ejercicio de la función pública la portación de armas de guerra y/o armas de uso civil en todo el territorio nacional. Quedan exceptuados/as de las previsiones del presente artículo aquellos/as funcionarios/as pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad y Policiales Nacionales, a las Policías jurisdiccionales, a los Servicios Penitenciarios federales y provinciales y a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando se encuentren en actividad y aquellos/as alcanzados/as por el artículo 112, inciso 1 del Decreto 395/75." .

La síntesis de lo expresado indica que cualquier policía, agente de las FFAA y FFSS que no esté en servicio, está impedido de portar armas.

Así leído el articulado anterior, no expresa grandes aclaraciones, pero luego de mencionar la prohibición de portación para todo funcionario público en ejercicio, cuestión que es debatible y en algunos casos atendible por los abusos existentes, la diputada hace la excepción del Art 112 donde se establece:

Art 112- Prohíbese la portación de armas de "uso civil", con las siguientes excepciones:

  • 1) Por funcionarios públicos en actividad, cuando su misión lo justificare y en el momento de cumplirla.
  • 2) Por los pagadores y custodias de caudales, en el momento de desempeñarse en función de tales.
  • 3) Por otras personas, cuando concurran en razones que hagan imprescindible la portación.

Si comparamos las modificaciones que intenta implementar la diputada y la forma en que está redactado el Art 112, quedan en el medio una serie de cuestiones indeterminables las cuales están expuestas a las más variadas interpretaciones y le dan una flexibilidad tan grande al decreto y su aplicabilidad, que lo que intenta modificar la diputado Carrizo termina resguardando las "excepciones", pues todo sabemos que los funcionarios y/o políticos siempre va a justificar su misión, como expresa el Art 1 y 2 y con el Art 3 se abre la posibilidad de portación legal a una fauna indeterminada, más aún cuando se habla genéricamente de "Otras personas".

En resumen, el proyecto de ley de la diputada de CABA expresa concretamente la prohibición a todo el personal policial y de las FFAA a portar armas, cuando no esté cumpliendo funciones, lo cual implica que un policía o integrante de las FFAA y FFSS en uso de su licencia o franco, no puede ir armado y por ende, mucho menos un personal retirado de cualquier Fuerza, lo cual también es observado en el proyecto.

En este proyecto Carrizo y quienes acompañan con su firma, no menciona ni analiza la forma en que un policía o un integrante de las FFAA y de Seguridad puede transitar por el conurbano bonaerense o por las calles de Rosario o Santa fe, en medio de los narco-criminales desarmado y exponiendo su vida y la de su familia, que obviamente, para la diputada Carrizo y quienes la acompañan, nada de eso importa.

Sin cambiar nada y con los mismos intereses

Con el mismo argumento ficticio que monta el kirchnerismo sobre las armas como partícipes necesarios de la violencia de género, invocando las mismas estadísticas incomprobables y aludiendo a cuestiones subjetivas y altamente discutibles, la legisladora de JxC propone sacarle las armas a policías e integrantes de las FFAA y FFSS, sin medir las consecuencias mortales que implica para cada uno de ellos transitar por las calles sin posibilidad de defender sus vidas.

Carrizo equipara la actividad de los integrantes de la fuerza pública, a la de aquellos oficinistas a los cuales la empresa les pide dejar la lapicera en el escritorio, cuando terminan las labores de cada día.

En todos los casos, esta gente del Radicalismo y de Cambiemos o como se llame la oposición, solo piensan cazar en el zoológico, pero a ninguno de ellos, se les ha ocurrido combatir las armas ilegales que triplican las de orden legal.

Esto merece y concluye en una sola explicación: son inútiles a la hora de pensar en el bien público o son cómplices en la necesidad de desarmar a la población civil y a las FFAA y de Seguridad, para dejarlas expuestas a su dominación por parte del narcotráfico y los delincuentes comunes que aumentan todos los días sin que a ninguno de estos "cerebros de la oposición" se les ocurra cómo combatirlos.

Recordemos que el nada cómico radical y senador Nito Artaza a una periodista de Clarín le dijo "...hay que desarmar a los argentinos, pues no podía ser que cualquier menor adquiriera un arma, por lo que hay que sacar las armas de los argentinos, sean legales o ilegales...". Otro "cerebro" de la oposición que muestra su ignorancia al pensar que un menor puede comprar un arma, deja a salvo a la delincuencia y a los ciudadanos honestos en mano de los criminales.

Los diputados nacionales por Santa Fe Ximena Garcia, abogada, (UCR) y Mario Barletta, ingeniero, (UCR) diputado nacional por JxC, realizaron un proyecto de desarme de la sociedad civil señalando en su punto clave: "Este programa tiene por finalidad disminuir el uso y proliferación de armas de fuego; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de las mismas; la sensibilización acerca de los riesgos que conllevan y la promoción de una cultura de la no tenencia y no uso de las armas de fuego".

Estos dos diputados son el colmo de la contradicción, pues abogan para anular el derecho constitucional de los ciudadanos a estar armados y dejan con manos libres a los narcotraficantes que reducen a Rosario y Santa Fe, de donde ellos provienen, a un ghetto de narcocriminalidad jamás visto en el país. Y ahora, el mismos sector político, pugna por dejar indefensos a policías y personal e las fueras de seguridad (Prefectura, Gendarmería) o militar, que esté de franco, licencia o retirado.

Lasagno Rubén

El autor es parte de OPI Santa Cruz
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