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Armas

Santa Fe o el imperio de la estupidez

Ley de Banco de identificación Balística en Santa Fe

Autor: Rubio Gustavo S.

Fecha publicación: 29/01/2020

"Las armas utilizadas en un circuito ilegal y clandestino no pueden ser alcanzadas por esta Ley (Nº 13.939)" fueron las declaraciones de los coautores del Registro de Identificación Balística de la Pcia. de Santa Fe.

Desde hace tiempo viene quedando en claro que una gran parte de los políticos argentinos no se encuentran a la altura de las circunstancias que debe vivir nuestro país o directamente no tienen ganas de hacer BIEN su trabajo. Esta ineptitud mayoritaria, ineficacia, falta de idoneidad o simple desidia se hace patente en el caso de la Provincia de Santa Fe, tierras prósperas y de ciudadanos pujantes que ha sido tomada de rehén en parte por los narcos y en especial, castigada conscientemente por sus políticos en los últimos años.

Si, los diferentes partidos se han ensañado con el ciudadano de a pie santafesino de manera pocas veces vistas y lo han hecho a conciencia ya que cada decisión política debe fruto de un análisis (a no ser que se tomen decisiones sin pensar, como estúpidos, para zafar y quedar bien en la foto para la tribuna).

Allá por octubre de 2014 a José Corral se ocurre la "genialidad" de prohibir la venta de armas legales y munición en Santa Fe para tratar de combatir la ola de violencia criminal que crecía en la ciudad y en la provincia. Sin dudarlo y siguiendo al pie de la letra el manual desarmista esgrimido por ONGs turbias se las agarró con los legítimos usuarios. Es decir, buscando tapar los errores políticos que no han resuelto los problemas profundos, hasta el día de la fecha, que está detrás del crimen imperante, se cargó los derechos individuales sin más fundamento que las opiniones experimentales de un grupito de asesores con una agenda oculta a quienes la seguridad de las personas de a pie le importan bien poco. Ojo que no estaba solo. En esa cacería en el zoológico lo acompañó mediáticamente y a todo trapo el hoy delegado en Brasil "Pichichi" Scioli y un hoy escondido Marcelo "Oso" Diaz.

Pero eso no quedó ahí, en el 2017 SE VOLVIÓ a hacer lo mismo ya que "ante la proliferación de armas en manos de la población civil en Santa Fe" (¿legítimos usuarios o delincuentes?) el gobierno provincial pidió solicitó una audiencia a las autoridades de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el ex RENAR de la Dra. Gambaro, desplazada por supuestas irregularidades en la licitación de la empresa Dienst y quien mintiera en el programa televisivo de Lanata), para "coordinar acciones a escala local." Es decir, el gobierno atacando a la población civil y no a los delincuentes.

Esta cruzada de la mentira y contra los derechos de las personas vendiendo humo para la tribuna y tratar de ocultar los errores en políticas de seguridad en el combate al narco estuvo enfocada (vaya uno a saber por qué, ¿no?) contra lo que le resulta más fácil: la gente que registra su propiedad.

Pasaron otra vez 3 años y es evidente que no dió resultado porque los asesinatos desde diciembre 2019 ya pasaron la veintena y la violencia, directa o indirectamente relacionada al narcotráfico, no hace más que crecer mientras la gente común, la que no tiene custodia pagada por los impuestos, sufre. Ni los crímenes ni los delitos bajaron como modestamente lo advertía en los escritos del 2016 y del 2017 (a).

Se ve que para el gobierno santafesino los legítimos usuarios, los que no cometen ningún delito, son los culpables de todo, así que hay que seguir machacándoles de la sangre derramada. No son culpables las políticas de seguridad mal encaminadas ni los delincuentes, menos los criminales y ni toquemos a los narcos. La culpa, para el gobierno de Santa Fe, la tiene la gente dentro la ley.

Bien de manual totalitario.

Es así que siguiendo casi al pie de la letra los lineamientos desarmistas de las ONGs turbias que asesoran gobiernos tiránicos como el de Venezuela, en estos mortales manotazos de ahogado surge la antigua y ya probada errónea idea de crear un Base de Datos Balísticos, sin citar estudios ni fuentes ni datos exactos ("ya implementado en otras jurisdicciones, principalmente en el plano internacional") porque de hacerlo se pondría en evidencia que se dejó usar en todos lados porque NO TRAE NINGÚN RESULTADO en PREVENCIÓN.

El Registro de Identificación Balística promulgado como Ley Nº 13.939 (b) es una gran cortina de humo, con ineficacia en la lucha contra la violencia de las bandas en disputa territorial, un gasto innecesario de los recursos humanos y presupuestarios de la Provincia y otro obstáculo más que empuja a quienes quieren hacer las cosas bien, como lo hiciera el monopolio de los psicofísicos de Gambaro, a estar fuera de la ley.

Para quienes promulgaron armaron la ley la culpa del tráfico ilegal de armas que entra por las fronteras, los robos a arsenales del gobierno y los crímenes son los deportistas que compran un nuevo fusil o pistola, el cazador que tiene la escopeta en el campo o del vecino coleccionista que le gustan los revólveres antiguos. Hasta las armerías que crean puestos de trabajo y hacen mover el comercio y la producción tienen su cuota de maldad.

Queda claro que la política de seguridad de Santa Fe está desbordada y es evidente que las mentiras del desarme civil no producen ningún resultado positivo sino las acciones tomadas en el 2014 hubiesen solucionado el problema. ¿Se busca algún cambio serio que de resultados concretos con la ley 13.939? ¿Algún giro de 180º? No. Los cráneos encargados de la protección ciudadana, desde su pedestal intocable, vuelven a cabalgar contra los gigantes que su locura imaginaria. Hacen lo mismo y esperan resultados diferentes.

Según la delirante iniciativa de los diputados Santiago Mascheroni (UCR-Mandato Cumplido), Claudio F. P. Oliver (UCR), Alejandro Boscarol (UCR-JC) y Patricia Tepp (UCR-Mandato Cumplido) el Registro tendrá como objetivos: "la registración del comportamiento balístico de cada arma y su munición, realizando a dichos fines las pruebas correspondientes" e "identificar y registrar toda arma de fuego y su correspondiente munición que el disparo produce en la munición que emplea".

Lo que abre algunas preguntas prácticas al respecto:

1. ¿Cómo se va a guardar el registro? ¿En foto? ¿El proyectil usado, cuantos proyectiles? ¿Quién va custodiar dicho Banco? Recordemos que se roban misiles, FALS y municiones de los arsenales y del mismo Registro de Armas y Fiscalías. ¿Los legisladores serán los responsables de que no aparezcan las puntas de gente inocente en escenas de crímenes?

2. ¿Cuántos proyectiles por arma se guardarán? ¿De qué tipo? Cada marca de munición tiene características industriales, materiales y fabricación diferentes que varían ligeramente en el comportamiento del paso por estría. ¿Qué van a hacer? ¿Van a guardar todas por las dudas?

3. ¿Qué sucede con las armas de anima lisas (escopetas)? ¿Cómo van a registran "el comportamiento balístico" de los perdigones por ejemplo?

También el ley dice "registrar la o las municiones implicadas en hechos delictivos aunque no exista arma al que sean vinculadas" ¿Eso no se hacía hasta ahora? ¿Cómo se investigaba? Cualquier millennial con dos series de Netflix encima tiene más idea de una investigación que quienes deben legislar, me parece.

También la nueva ley abre la puerta para:

1. Agrandar el ya enorme Estado y por ende, aumentar los impuestos de los agobiados contribuyentes para poder mantener al ente "El Registro estará a cargo de un Director cuyas funciones serán: implementar la estructura y funcionamiento del Registro; determinar los recursos técnicos o sistemas aplicables para la realización de pruebas, su calificación y archivo de datos obtenidos…"

2. Seguir creando obstáculos, trabas y regulaciones a quienes deseen estar dentro de la ley ya que tendrá facultades para "dictar las resoluciones respectivas a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos de esta Ley (Nº 13.939)"

3. Posibles desvíos de de fondos públicos porque permite "celebrar convenios con organismos nacionales o provinciales, universidades, institutos o entidades que permitan el mejor equipamiento técnico y capacitación del recurso humano del Registro."

Pero si lo anterior ya levanta serias dudas e incógnitas, lo relacionado a los legítimos usuarios es indignante "Toda arma de fuego por cuyas características deba ser registrada en los términos de esta Ley (Nº 13.939), será sometida a las pruebas balísticas que la reglamentación determine en el momento de su adquisición y en forma previa a ser entregada a su adquirente, cuyos resultados serán asentados en el Registro que se implementa." Es decir que en Santa Fe, cuando vayas a comprar un arma, después de pagarla, no sólo la debes entregar al gobierno para la use (sin saber cómo la van a manipular, ni dónde ni el estado en que será devuelta) sino que le debes sumar los tiempos de espera. Si la prueba es antes de comprarla, las armerías pasarían a vender armas usadas porque tienen un disparo, por lo menos, hecho después del testeo en fábrica.

Pero no termina ahí la cosa. "Las armas adquiridas o en posesión de legítimos tenedores con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley (Nº 13.939) deberán ser peritadas en ocasión de venta o cambio de legítimo tenedor o portador en ocasión que el adquirente o tenedor solicite la actualización del registro del arma" A los gastos y obstáculos para renovar la Credencial de Legítimos Usuario se le suma otros trámite más. Imagínense entregando al Estado sus armas para que un perito designado por el gobierno le haga un registro la próxima vez que se le esté por vencer la CLU.

Pero la animalada inconstitucional no termina ahí, en un control policial camino al polígono, pueden retirarte las armas para un registro ya que "Cuando en una actuación policial o investigación judicial, esté o no vinculada a un hecho delictivo, se encontrare un arma de fuego por cuyas características corresponda, será sometida a la prueba balística y correspondiente registro conforme los términos de esta Ley (Nº 13.939)." Las delicias de cualquier dictador. En Santa Fe, la República dejó de existir.

Si bien la Ley 13.939 también tiene como objeto el plano de las armas ilegales, llama la atención que toda su estructura esté enfocada a las armas legales y sus tenedores como lo demuestran el listado de infracciones graves.

b) 1. No registrar en tiempo y forma frente a la Autoridad de Aplicación aquellas armas de fuego adquiridas, ya sea con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley o a posteriori de ello;
b) 2. Prestar servicios con arma de fuego sin haberla registrado conforme a derecho frente a la Autoridad de Aplicación;
b) 3. No informar a la Autoridad de Aplicación la venta, cesión, préstamo y cualquier otra operación relativa a armas de fuego por parte de las personas humanas o jurídicas establecidas en territorio provincial;
b) 4. no informar a la Autoridad de Aplicación la venta, cesión, préstamo y cualquier otra operación relativa a armas de fuego en posesión de legítimo usuario establecido en territorio provincial;
b) 5. Contratar a empresas de seguridad privada que no cuenten con sus armas de fuego registradas frente a la Autoridad de Aplicación;
b) 6. Permitir en las Entidades de Tiro, Cotos de Caza y Operadores Cinegéticos el uso de armas de fuego no registradas frente a la Autoridad de Aplicación;
b) 7. No resguardar el material balístico extraído a los pacientes que ingresen a los establecimientos médicos públicos y privados del territorio provincial; y,
b) 8. Ocultar o falsear los datos relativos a la extracción de material balístico de pacientes que ingresen a los establecimientos médicos públicos y privados del territorio provincial.

En los incisos del 4 al 7 se ve claramente el espíritu desarmista de la Ley: atacar todos quienes están dentro de la ley castigando a los legítimos usuarios principalmente y al resto de los ciudadanos (clientes de empresas de seguridad médicos etc.).

Lo que es peor: los autores de esta aberración jurídica (Mascheroni , Oliver, Tepp (UCR) y Boscarol (UCR-JC) se jactaron que "pese a que las armas utilizadas en un circuito ilegal y clandestino no pueden ser alcanzadas por esta Ley (Nº 13.939), sus proyectiles o vainas obtenidos en un hecho determinado, sí pueden registrarse de tal forma, ello permitirá peritar en un principio munición actualmente desconocida e incorporarla en el respectivo banco de datos, que es la herramienta que permitirá la rápida identificación y relacionamiento entre armas y proyectiles a medida que los registros engrosan la base de información". No conforme con lo anterior agregaron "entendemos oportuno implementar igual criterio para las armas de los particulares, cuyo único registro hoy es el asiento de la titularidad, pero nada que permita su identificación dinámica con respecto de la munición que emplea" Es decir, que los mismos autores admiten que el grueso de esta Ley no está enfocada en los criminales y en disminuir la inseguridad sino que sólo complicará a los legítimos usuarios.

Ante tanto atropello a los derechos de las personas en Santa Fe debemos recordar que:

  • 1. El problema de la violencia armada no es culpa de los legítimos usuarios.
  • 2. Las políticas para combatir las armas ilegales están mal enfocadas y vulneran derechos de las personas dentro de la ley, más allá de estigmatizarlos y atacarlos. La Ley 13.939 y las declaraciones de sus autores los dejan bien en claro.
  • 3. Gran parte de las instituciones encargadas de proteger a la sociedad se encuentran comprometidas, ya sea por la corrupción, ineptitud o aspiraciones políticas, transformándose así en fuerzas que oprimen al individuo y cómplices adecuados de los que eligen estar fuera de la ley.
  • 4. Por lo anterior, existe un uso político de dicha corrupción institucional que deja indefenso al individuo frente a lo peor de la realidad e incluso criminaliza la posibilidad de legítima defensa no sólo dejando a las personas como víctimas indefensas frente a lo que el gobierno no puede controlar sino convirtiendo en criminalizando a quienes están dentro de la ley.

Hay un dicho atribuido a Albert Einstein para definir la locura se vive en Santa Fe que dice más o menos algo como "la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". Si tomamos como referencia el adefesio de Ley que es el Registro de Identificación Balística, podríamos decir que en Santa Fe legisla la imbecilidad en persona.

Esperemos que quienes deben implementar esto, tomen conciencia de la gravedad de dicha aberración jurídica, su falta de resultados concretos en la lucha contra la inseguridad, la profundización de los problemas vigentes y el ataque a los derechos individuales y hagan todo lo posible para dejar de lado el imperio de la estupidez en Santa Fe porque los errores de los políticos improvisados son los que destruyen el sistema democrático y republicano y, lo peor, esos errores se pagan con la sangre inocente de las personas comunes.

(a) https://decilofuertedotcom.wordpress.com/2016/03/07/santa-fe-o-el-error-del-desarme-civil/
https://decilofuertedotcom.wordpress.com/2017/03/27/santa-fe-o-la-locura-del-desarme-civil/

(b) Texto de la Ley: https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/ver.php?seccion=2020%2F2020-01-22ley13.939-2020.html&fbclid=IwAR1XM-6MlHMGeNsSjrY_-Bw2VpBeAE_4NAPFMIxAxn8eDNGJKBjbKwzTQmo

Fuente: https://elprotagonistaweb.com.ar/noticias/val/13766-3/registro-de-identificaci%C3%B3n-bal%C3%ADstica-promulgado-como-ley-n%C2%BA-13939.html?fbclid=IwAR1z6OOeZFKXRFnXS4RnPP9vRT0wJdeoH_kPiYGLdiJz6gQWOmqZI4UvUs8

Rubio Gustavo S.

Legítimo Usuario
Profesor de Inglés
Columnista sobre Armas y relacionados en Decilo Fuerte
Miembro ALUTARA
Email: saidrubio76@hotmail.com
Twitter: @GustavoSRubio