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En tiempos en donde la arremetida desarmista cobra nuevo ímpetu con Diputado Matías Molle ex director del RENAR (al que le roban cientos de armas) presentará junto a la Diputada Maite Alvado (militante camporista y feminista) un proyecto nuevo de DESARME CIVIL redactado con el aporte de la Red Argentina para el Desarme, es bueno recordar varias cuestiones:

1. La Tenencia Legal de Armas en la Argentina está garantizada por Ley. Desde la hoy en día anticuada la ley de armas (completa pero desactualizada, con terminología imprecisa en algunos artículos y una mirada desfasada en más de cuarenta años que trae complicaciones a los ciudadanos) hasta las resoluciones del ANMAC (la mayoría con un sesgo ideológico contrario a la Constitución) existe un marco legal y regulatorio que garantiza la tenencia de Armas a cualquier ciudadano que decida hacerlo legalmente.

2. La Portación Legal de Armas en Argentina está garantizada por Ley. Al igual que la anterior, la ley permite que los ciudadanos que estén capacitados para portar legamente un arma en condiciones inmediata de uso en la vía pública lo puedan hacer.

3. Los Legítimos Usuarios no son la causa de la violencia que sufre el país. El 0,0001% estuvo implicado en algún tipo de hecho delictivo. Citando a los Jueces de Cámara Galmarini y Posse Saguier en la resolución 4053/2021 "Por otra parte, la utilización de armas de fuego con el fin deportivo no tiene ni debe asociarse con la inseguridad que puede afectar a un Estado, quien recordemos es el que autoriza a los legítimos usuarios de armas de fuego por la autoridad de aplicación competente." Si bien el escrito de los jueces se circunscribe a una causa concreta, la idea bien abarca el uso deportivo, en la caza y el coleccionismo más allá de un eventual y no deseado uso defensivo frente a una agresión ilegítima. A pesar de esto, en la Argentina existe un Cepo al Acceso legal de Armas: por cuestiones ideológicas y basadas en estudios falsos y manipulación de datos.

4. Las políticas para combatir las armas ilegales están mal enfocadas, inciden en el gasto estatal y vulneran derechos de las personas dentro de la ley, más allá de estigmatizarlos y atacarlos. Los distintos gobiernos, desde el 2004 a la fecha, han restringido el derecho de los ciudadanos a acceder legalmente un arma de fuego. Trabas burocráticas, tiempos prolongados con excusas baratas, ideología totalitaria, mentiras, propaganda desleal, asociación indirecta con ONGs como la RAD, APP, INECIP, IPPSEJUS para cursos, estudios y demás herramientas de desarme, entre otras cuestiones, han ido limitando la posibilidad de la ciudadanía de defenderse hasta que el Estado acuda en su ayuda dejando a la población a merced de criminales y delincuentes.

5. Gran parte de las instituciones encargadas de proteger a la sociedad se encuentran comprometidas transformándose así en fuerzas que oprimen al individuo de manera directa o indirecta. Por ejemplo:

La ANMAC exige un sinfín de medidas de seguridad para los legitimos usuarios pero le robaron mas de 200 armas de un garaje de una delegación...

O también "La falta de posibilidad de contar con información íntegra precisa y oportuna en materia de ubicación cantidades y tipos de materiales en resguardo" en el BANMAC según se supo durante la visita del Ministro del Interior al Congreso.

O que no se cumple la Ley 26216 discriminando a las Asociaones de LLUU.

Por lo anterior, es evidente que existe un uso político de dicha corrupción institucional que deja indefenso al individuo frente a lo peor de la realidad e incluso criminaliza la posibilidad de legítima defensa dejando a las personas como víctimas indefensas frente a lo que el gobierno no puede controlar.

6. Se advierte también el destino de millones de pesos del presupuesto público para que dichos integrantes de esas ONGs desarmistas realicen "investigaciones científicas", cursos y talleres junto al ANMAC, sobre el tema inseguridad siendo que la información al respecto es pública y emitida por distintos organismos del Estado.

7. Hay una mirada equivocada en el enfoque de la prevención de la violencia que va en contra del respeto institucional que se debe tener en la defensa de las libertades individuales y a la libertad de cada persona a decidir ejercer esos derechos constitucionales dentro del marco de la ley del Estado.

8. Cabe alertar sobre el continuo discurso antirrepublicano y anti democrático que esgrimen las Instituciones, funcionarios, actores políticos y miembros de las agrupaciones desarmistas atacando a los legítimos usuarios de armas, mezclándolos y poniéndolos al nivel de aquellos quienes eligen vivir fuera de la ley y dañando a terceros como forma de vida. Dicho discurso estigmatizador también busca deslegitimar la legítima defensa, derecho enmarcado en el Código Penal, comparándolo con la "justicia por mano propia", es decir, con un acto de venganza y desconocimiento del Estado de Derecho.

9. La mejora de la seguridad pública no sólo es una construcción social basada en la empatía y la solidaridad, sino que tiene sus bases en la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. No respetar estos últimos conceptos, no defender la vida, la propiedad ni la libertad de los individuos, sería vivir en un país en donde la Constitución Nacional haya dejado de estar vigente.

10. El Poder Ejecutivo tiene el rol de disponer los recursos al servicio de la prevención y combate de la inseguridad, del crimen, pero es obligación hacerlo de manera justa, abarcativa y escuchando a las diferentes voces de la sociedad.

Los Legítimos Usuarios saben el lugar que ocupan dentro del Estado, sus derechos y sus obligaciones. Minimizar los riesgos para la sociedad no significa poner obstáculos a la tenencia legal y uso de armas como se viene haciendo desde hace años con los resultados nefastos obtenidos hasta la fecha, sino que significa evitar la proliferación de armas ilegales ajustando los controles y políticas para quienes no registran sus armas y viven fuera de la ley.

Es hora de trabajar en políticas nuevas, serias y acordes que colaboren en mejorar la problemática de la inseguridad que aqueja a la Nación.