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El proyecto de ley de la diputada de CABA expresa concretamente la prohibición a todo el personal policial y de las FFAA a portar armas, cuando no esté cumpliendo funciones, lo cual implica que un policía o integrante de las FFAA y FFSS en uso de su licencia o franco, no puede ir armado y por ende, mucho menos un personal retirado de cualquier Fuerza, lo cual también es observado en el proyecto. En este proyecto Carrizo y quienes acompañan con su firma, no menciona ni analiza la forma en que un policía o un integrante de las FFAA y de Seguridad puede transitar por el conurbano bonaerense o por las calles de Rosario o Santa fe, en medio de los narco-criminales desarmado y exponiendo su vida y la de su familia.

Recientemente salió una nota en Infobae que bajo el título "Las medidas que tomaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda para quitarles las armas a los varones violentos y cuáles podría replicar la Argentina", incurre en un error fatal del periodismo que juega en las primeras ligas del país y del mundo: hablar sin fundamentos objetivos, no ser ecuánime ni imparcial, juzgar sin datos, no mostrar ni citar las fuentes de estudios, eludir la rigurosidad y la puntualización estadística cierta y comprobable, que resume a toda la nota en si misma, en una simple y clara operación del sector desarmista del país.

Ayer en TN Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo "Soy un fanático del desarme civil", frase que ya había repetido el día 7 de este mes en otro medio. Berni está embanderado en la corriente "desarmista" de la sociedad civil, una cuestión para nada inocente o "solidaria" como se intenta presumir desde el gobierno, porque detrás de las organizaciones que la promueven, se manejan millonarios fondos provenientes del Banco Mundial y Fundaciones para el Desarme de Europa y EEUU y quienes abrevan en esas aguas, tienen asegurado suntuosos viajes por el mundo, subsidios "no reintegrables", crean organismos inútiles con ñoquis incluidos, pagan "estudios" y "consultoras", generalmente vinculadas a ellos mismos, amigos o parientes y simulan proactividad, manejan importantes cajas para implementar "planes de desarmes" y "concientización" y generan un nicho de negocios indeterminables, que tanto el gobierno de Macri como el actual, sustentan, mantienen y alientan.

La inseguridad es cosa seria como para dejarlo en manos de políticos, de funcionarios que nada saben del tema y de los voluntarismos amañados a prejuiciosos personajes contratados por los gobiernos para hacerle la vida más difícil al hombre común, al honesto y al trabajador y por ende, más fácil a quienes viven de todos nosotros y al delincuente que todos los días "carga la fusca" y sale "a trabajar" asaltando y matando gente en la calle, en las casas, en los comercios, las empresas o en algún parque.

Durante el 2016 con 42 votos positivos, entre ellos tres kirchneristas, 16 negativos y 2 abstenciones, la Legislatura porteña aprobó la polémica venta de los terrenos del Tiro Federal, la tradicional institución ubicada en el barrio de Núñez, pese al rechazo de los vecinos y de organizaciones de arquitectos y urbanismo. Pero para Mauricio Macri el signo "pesos" va por delante de lo que pueda pensar la gente. Sus antecesores no se quedaban atrás, contrariamente a lo que muchos kirchnerista dicen creer o pretenden hacernos creer y dibujan como parte de la "ideología K" gritaban a favor del desarme social, pero regalaban portaciones y tenencias a delincuentes y narcos; Aníbal Fernández hacía del Renar un nicho de oportunidades para sindicalistas, políticos y empresarios k y los contenedores de la mafia portuaria con el Caballo Suarez, permitía el ingreso de un caudal de armas truchas e ilegales jamás registrada en la historia del país.